La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se rindió ante la Secretaría de Marina (Semar) en un caso de presunto abuso cometido contra cadetes. Una alumna de la Heroica Escuela Naval Militar, identificada como LYCL, publicó su denuncia, acusando a los directivos de la Armada de México de torturar a los cadetes, obligarlos a autoinculparse de acciones no cometidas y mentir en sus respuestas a la CNDH.

A pesar de estas acusaciones, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ignoró las quejas presentadas por alumnos y exalumnos de la Escuela Naval Militar. La denunciante, LYCL, comparte detalles de su caso y refuta las distorsiones que, según ella, cometen los altos mandos de la Marina para exculpar a sus funcionarios.

En su respuesta a la determinación de la CNDH, LYCL señala que los funcionarios del organismo “encubren de manera cínica” para exonerar al Capitán Juan Carlos Magaña Cárdenas de los presuntos abusos. Acusa a la visitadora de la CNDH, Andrea Donaji Sol Hernández, de incumplir su labor y causar mayor daño al no abordar adecuadamente las violaciones a sus derechos.

Ante el aparente miedo de la CNDH a las violaciones denunciadas, LYCL anuncia su intención de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dar vista al Órgano Interno de Control de la CNDH.

En su contestación a la CNDH, LYCL narra los eventos que llevaron a un intento de suicidio el 15 de abril del año pasado, exponiendo las presuntas violaciones sufridas durante su tiempo en la Escuela Naval Militar. Acusa a la Semar de tergiversar los hechos y a la CNDH de transcribir sin cuestionar las respuestas de la Semar.

La Semar, en respuesta a la CNDH, niega los actos de tortura y amenazas atribuidos al Capitán Juan Carlos Magaña Cárdenas. LYCL refuta esta respuesta, acusando a la Semar de confundir la temporalidad y encubrir los hechos vergonzosos.

La denunciante también expone cómo, la Semar cambió su incapacidad domiciliaria por incapacidad encuadrada dentro de la escuela, lo que le causó sobreestrés. Desmiente la versión oficial y acusa a la CNDH de no velar por los derechos de quienes han sido violentados por el gobierno.

LYCL detalla los eventos que llevaron a su intento de suicidio y acusa a la Semar de cambiar información para encubrir a los responsables. También denuncia la actitud denigrante hacia su persona y solicita una revalorización por una entidad ajena a la Semar.

En otro caso relacionado, se menciona que Máximo Alberto Neri López solicitó a la CNDH investigar al Capitán Juan Carlos Magaña Cárdenas por obligar a varios cadetes, incluido su hijo, a autoinculparse. La CNDH ha aceptado varias quejas, pero el dictamen aún no ha sido emitido por la visitadora Ana Laura Aguilar Carrillo.

En diciembre pasado la tasa de desempleo en México alcanzó su punto más bajo en la historia, situándose en un 2.6%, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La población desocupada totalizó 1.6 millones de personas, reflejando una disminución de 59 mil individuos en comparación con diciembre de 2022. De estos desempleados, 941 mil eran hombres y 646 mil mujeres.

Juan Carlos Alderete, director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia de Mercados de Grupo Financiero Banorte, destacó que estas cifras indican una consolidación significativa del mercado laboral, respaldada por una demanda interna robusta y posibles cambios estructurales, especialmente relacionados con el fenómeno de nearshoring.

La cantidad de mexicanos con algún tipo de ocupación ascendió a 59.1 millones, registrando un aumento de 1.2 millones con respecto al año anterior. Dentro de los ocupados, 41.4 millones (70%) fueron trabajadores subordinados y remunerados, mientras que 12.9 millones (21.7%) optaron por trabajar de manera independiente.

La distribución por actividad económica mostró que 43.6% (25.8 millones) se encontraban en servicios, 19.5% (11.5 millones) en comercio, y 17.1% (10.1 millones) en la industria manufacturera.

En cuanto a la informalidad laboral, en diciembre de 2023, 31.7 millones de personas, equivalente al 53.6% de la población ocupada, estaban empleadas en la informalidad, lo que representó una disminución de 1.3 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2022.

Además, la ocupación en el sector informal, que abarca a quienes trabajan para unidades económicas sin registros contables, fue de 16.5 millones de personas, correspondiente al 27.9% de la población ocupada, mostrando una disminución de 0.8 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

La población subocupada, que declaró disponibilidad para trabajar más horas de las requeridas por su ocupación actual, fue de 4.5 millones de personas, representando el 7.3% de los ocupados.

En un intrigante giro de los acontecimientos que rodean el escándalo provocado por la asignación directa de tres contratos a la misteriosa Comercializadora Realza en 2019, la cual supuestamente debía proveer de manera “urgente” hidrogel para el programa Sembrando Vida por un monto de 728 millones de pesos, la Secretaría del Bienestar ahora alega que dicha proveedora nunca cumplió con la entrega oportuna de los bienes y servicios. Como consecuencia, las tres adjudicaciones fueron revocadas.

En respuesta a una solicitud de transparencia presentada por el periodista Fernando Toledo y Rivadeneyra, la nueva declaración de la Secretaría del Bienestar deja un sinfín de incertidumbres sobre las artimañas que pudieron haber ocurrido durante la gestión de Joaquín Díaz Mena, actualmente aspirante por tercera vez al cargo de gobernador en Yucatán. No se esclarece la manera en que se asignaron los contratos de forma directa, a pesar de que el proveedor no cumplía con los requisitos y estaba bajo la lupa del SAT por simular sus operaciones comerciales.

La urgencia que supuestamente justificó en ese momento el programa Sembrando Vida para obtener hidrogel tampoco se aclara ahora. Comercializadora Realza nunca poseyó almacenes de hidrogel; sus dos direcciones fiscales son viviendas de interés social en el fraccionamiento Ciudad Caucel, una destinada a la venta de comida japonesa Sushi en la calle 31 No.379-D, y otra con un carrito de perros calientes en la calle 53 No.605.

A pesar de las reticencias iniciales de la delegación de la Secretaría del Bienestar para recibir la solicitud de información, Toledo y Rivadeneyra ejerció su derecho constitucional a la información y solicitó copias simples de los contratos en cuestión, así como un desglose detallado de los materiales adquiridos y la lista de beneficiarios. La respuesta de María Eugenia López García, directora de Análisis e Información Institucional de la Secretaría del Bienestar, reveló que los contratos fueron rescindidos debido a la falta de entrega de bienes en el tiempo y forma acordado.

Toledo y Rivadeneyra anticipa que presentará nuevos recursos legales para descubrir si el contrato fue asignado a otra empresa, cómo se abordó la “urgencia” que justificó la contratación directa de Realza y, por supuesto, cómo esta empresa ficticia figuró en la lista de proveedores de la dependencia. El manto de dudas que rodea este episodio plantea interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las acciones tomadas durante ese período.

Ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, a quienes se les revocó la prisión preventiva el pasado sábado, abandonaron la prisión del Campo Militar 1-A en las primeras horas de este miércoles. Su liberación conlleva el desarrollo de su proceso penal por el cargo de desaparición forzada en completa libertad, según informaron fuentes vinculadas al ámbito militar.

La salida de dichos individuos de las instalaciones castrenses tuvo lugar por la puerta 3 del Campo Militar, enlazando con la avenida Conscripto, una ubicación cercana a la zona que fue objeto de vandalismo por parte de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en el año 2022, tal como precisaron las fuentes consultadas.

Estos elementos castrenses cumplieron con las medidas cautelares estipuladas por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo. Dichas medidas incluyeron el desembolso de una fianza de 50 mil pesos, así como la entrega de sus pasaportes como garantía de su permanencia en el país.

A partir de este momento, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, se verán obligados a comparecer ante el juzgado de distrito los días 1 y 16 de cada mes, donde deberán firmar el libro de procesados.

Adicionalmente, se les impuso la restricción de salir del país y de aproximarse al estado de Guerrero, escenario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También se les prohíbe cualquier tipo de contacto o comunicación con las víctimas o testigos protegidos, siempre y cuando esto no menoscabe su derecho a la defensa.

En Hidalgo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) han asegurado dos pozos ilegales de agua operados por una compañía extranjera. Durante el operativo de cumplimiento de una orden de cateo en el sitio ubicado en la Carretera Federal Pachuca – Ciudad Sahagún, Emiliano Zapata, Hidalgo, se descubrió la presencia de 148 trabajadores de nacionalidad china. De este grupo, 39 individuos carecían de la documentación necesaria para permanecer legalmente en el país.

La acción de aseguramiento se llevó a cabo como resultado de una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por el apoderado legal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además de los pozos ilegales, las autoridades incautaron un tractocamión, una plataforma tipo remolque, un camión, un vehículo pipa, una camioneta tipo pick up, dos máquinas perforadoras montadas en una plataforma, y un predio que abarca aproximadamente 763 mil metros cuadrados.

Todos estos bienes, junto con la propiedad en cuestión, quedaron bajo la custodia de las autoridades federales mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones correspondientes. Los trabajadores extranjeros fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) para tomar las medidas apropiadas en cuanto a su situación migratoria.