En Campeche, una nueva oleada de manifestaciones ha sacudido las calles, exigiendo la destitución de Marcela Muñoz Martínez, comadre, íntima, cómplice de la gobernadora morenista Layda Sansores Sanromán, como Secretaria de Seguridad Pública (SSP). Estas protestas se dan en el contexto de una huelga sostenida por la Policía Estatal desde hace más de una semana.

La magna concentración dominical, que según estimaciones reunió a más de ocho mil personas, comenzó alrededor de las 17:00 horas en el monumento al asta bandera del malecón de la ciudad, para luego desplazarse hacia la Plaza de la República, un lugar simbólico por su asociación con el inicio de la resistencia civil liderada por Layda Sansores, cuando era del PRD, en 1997.

Entre los manifestantes, que incluían familiares de policías y ciudadanos solidarios, se escucharon consignas como “fuera Marcela” y “somos pueblo, no partido“, exigiendo la renuncia de Muñoz Martínez, así como calificativos como “traidora” hacia la gobernadora Layda Sansores, mientras clamaban: “El pueblo pone y el pueblo quita“. Se subrayó que la destitución de la secretaria de Seguridad Pública es una demanda de justicia y no un capricho, como ha sugerido la mandataria.

Durante la marcha, se entonaron el Himno Nacional y el himno campechano, mientras se señalaba que las fuerzas públicas de seguridad campechanas han sido permeadas por corrupción, ineptitud y nepotismo.

Las protestas en Campeche tienen su origen en un violento motín en el penal de Kobén, que dejó más de 30 agentes heridos. La crisis se profundizó cuando, a pesar de las demandas de destitución de los policías afectados, la gobernadora ratificó en su cargo a Muñoz Martínez, desencadenando así la huelga policial.

La situación se complicó aún más con las acusaciones de Sansores hacia los partidos de oposición, a los que acusó de financiar las protestas para desestabilizar políticamente la entidad. Además, las amenazas de la gobernadora sobre posibles consecuencias legales para los policías en huelga, incluyendo penas de hasta 12 años de cárcel, han exacerbado el malestar.

El motín en el penal de Kobén puso de manifiesto la vulnerabilidad y los peligros a los que se enfrentan los agentes, especialmente un grupo de mujeres, quienes denunciaron agresiones físicas y sexuales por parte de los reclusos, así como la falta de equipamiento adecuado. La exigencia de renuncia se extendió también al director de la corporación, Antonio Saradán Santiago Solís, por su presunta negligencia en la gestión de la crisis.

En el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), liderado por Cecilia Sánchez García, ha anunciado que su bancada solicitará un proceso de desaparición de poderes en Campeche, argumentando un estado de ingobernabilidad bajo la administración de Layda Sansores. La senadora ha rechazado las acusaciones de financiamiento por parte de la oposición y ha criticado a la gobernadora por tratar de desviar la atención de sus fallos de gestión.

Esta mañana se registró el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en las inmediaciones de Tixkokob, Yucatán. No se reportaron lesionados, aunque sí se confirmaron daños materiales en el vagón afectado.

El descarrilamiento del vagón en la población yucateca hace eco de las recientes declaraciones de Almícar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos de AMLO, quienes en un audio aludían que la calidad del balastro que se ha utilizado para el Tren Maya no cumple con la calidad requerida pero se permitió gracias a los sobornos que ellos ofrecen a los inspectores.

En esa llamada Salazar Beltrán y Almícar Olán bromean sobre ser parte de la presunta red de corrupción implicada en el proyecto del Tren Maya y el riesgo de que este se descarrile, esto porque estarían utilizando material no certificado en la construcción de las vías.

“Ya cuando se descarrile el Tren (Maya), ya va a ser otro pedo”, expresa sin preocupación el familiar del presidente López Obrador.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando el convoy se dirigía hacia Cancún. El tren salió de Campeche a las 7 de la mañana con destino a Cancún, pero cuando estaba llegando a la estación ubicada en Tixkokob el vagón número cuatro se salió de las rieles. Durante un cambio de vía cerca de Tixkokob, el último vagón del tren se descarriló parcialmente, lo que provocó que el tren se detuviera de inmediato.

Aunque no se han reportado lesionados, algunos objetos en el interior del vagón resultaron afectados debido a la sacudida del descarrilamiento. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre las causas del incidente ni sobre la magnitud de los daños materiales.

Las autoridades correspondientes están llevando a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas exactas del descarrilamiento y evaluar los daños en el vagón afectado. Se espera que en las próximas horas se brinde más información al respecto.

La crisis política que vive Campeche sacó a la luz pública nacional el insultante caso de Marcela Muñoz Martínez, comadre y cómplice de la gobernadora de Morena Layda Sansores Sanromán, quien la impuso como su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, cargo que aprovechó para designar a sus hijos en múltiples puestos administrativos en la nómina campechana,  a pesar de carecer de la experiencia necesaria para dichos cargos. Esta práctica, bajo la sombra del nepotismo, plantea serias dudas sobre la integridad y transparencia de la institución.

La austeridad franciscana proclamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador naufraga en las aguas del dispendio de Muñoz Martinez. Sus fiestas en yate sobre las translúcidas aguas de los Petenes y las bahías de Campeche, la champaña que desborda sus copas, las costosas prendas que les concede la ostentación del poder, el placer de la vida sin dificultades, ha traspasado los límites de la intimidad y ha llegado a las redes sociales.

La crisis policíaca que estalló el sábado sacó a flote los privilegios de un grupo de capitalinos que la morenista Layda Sansores Sanromán llevó como funcionarios a su gobierno. La denuncia se centra, principalmente, en funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Campeche y de ayuntamientos donde también gobierna Morena como Ciudad de Del Carmen.

Los campechanos iniciaron una serie de movilizaciones, causadas por los “chilangos” impuestos en la alta nómina campechana: “Ellos son los vividores de la CDMX que vinieron a saquear Campeche. Y amparados por la secretaria de Seguridad, se sientan los dueños del estado. Stefan Solís, (secretario) particular de Marcela Muñoz. A él lo trajeron para manejar los dineros estatales y federales”.

Entre los casos más destacados se encuentra Stefan Solís, conocido como el particular de Marcela Muñoz, quien ha sido señalado por ocupar un cargo relacionado con la gestión de fondos estatales y federales, generando preocupaciones sobre la gestión financiera de la SSP.

Además, el hijo de Marcela, Arturo Bravo, ocupa el cargo de vicefiscal del estado, lo que evidencia una influencia nepotista en la administración de justicia en Campeche.

El nepotismo se extiende a otros miembros de la familia, como Samanta Bravo, quien carece de experiencia pero ocupa el puesto de jefa de seguridad, vialidad y tránsito en Ciudad del Carmen. Incluso se ha difundido un video en el que Sabrina Bravo, otra hija de Marcela Muñoz, celebra con champaña, causando indignación entre la población.

A esto se suma el caso de Gabriela Novelo, novia del secretario de comunicación social de la SSP Campeche, lo que sugiere una red de influencias y privilegios que operan fuera de los principios de igualdad de oportunidades y mérito.

Mientras tanto, los ciudadanos de Campeche sufren las consecuencias de la corrupción y la falta de transparencia, mientras estos beneficiarios del nepotismo disfrutan a expensas de los impuestos, lo que refleja una falta de ética y compromiso con el servicio público.

Esta situación debe servir de alerta para los ciudadanos de Yucatán, quienes deben considerar estos casos como un ejemplo claro de lo que podría suceder si permiten que el nepotismo y la corrupción continúen en el gobierno. Es un llamado a reflexionar sobre la importancia de elegir líderes comprometidos con la honestidad y la justicia, y a rechazar cualquier forma de abuso de poder en las próximas elecciones.

Layda Sansores Sanromán, gobernadora morenista de Campeche, ha generado una ola de indignación tras su respuesta despectiva a la petición de diálogo de los policías del estado. En medio de una crisis desencadenada por un incidente en el que varios agentes resultaron heridos durante un operativo, Sansores rechazó la solicitud de los policías para discutir sus preocupaciones.

En declaraciones emitidas durante su programa “La hora del jaguar“, Sansores respondió con prepotencia y desdén a la demanda de diálogo de los policías, declarando: “Que vaya su mamá, yo no“. Esta respuesta ha sido ampliamente criticada como irrespetuosa y desatenta hacia los problemas que enfrentan los agentes de seguridad en el estado.

La protesta subsiguiente fue masiva, con cientos de personas, incluidos familiares y colegas de los policías, marchando desde el malecón hasta el Palacio de Gobierno de Campeche. Exigían la destitución de Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad, a quien responsabilizan de la falta de equipos adecuados y de condiciones laborales precarias que condujeron al incidente.

Cómplice de Layda en negocios turbios, ajena e ignorante total de los problemas de Campeche, frívola, permisiva con el crimen organizado, Marcela Muñoz es el mejor ejemplo de los jefes policiacos que, desde el centro, impone la 4T a sus gobernadores, en detrimento de la seguridad pública.

En Campeche, los manifestantes denunciaron públicamente los maltratos y exigieron mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los agentes de seguridad del estado. La respuesta de Sansores ha avivado aún más las tensiones en medio de una situación ya volátil, generando un llamado generalizado a abordar de manera urgente las preocupaciones de los policías y garantizar un entorno laboral seguro y digno para ellos.

La crisis de seguridad en Campeche es una llamada de atención en el proceso electoral de Yucatán, pues la “corcholata” presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, no descarta que, tras un eventual triunfo de ese partido en la gubernatura, se nombre a su “as bajo la manga” Marcela Figueroa Franco como jefa policiaca en Yucatán.