Menonitas deforestan selva maya en Campeche desde los ochenta

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En el estado de Campeche, en la península de Yucatán, al extremo norte de la Selva Maya, los menonitas han dicho que viven según los valores pacifistas tradicionales y que la voluntad de Dios es expandir sus granjas para brindar una vida sencilla a sus familias. Sin embargo, para los ecologistas y ahora el gobierno mexicano, los ranchos de los menonitas representan un desastre ambiental que arrasa rápidamente con la selva.

La Selva Maya, se reduce anualmente en un área del tamaño de Dallas, según Global Forest Watch, una organización sin fines de lucro que monitoriza la deforestación.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ahora se encuentra ejerciendo presión a los menonitas para que tengan prácticas más sostenibles, pero a pesar de llegar a un acuerdo con algunos asentamientos de esa comunidad, la limpieza de tierras en curso solo fue visible en dos pueblos visitados por la periodista Cassandra Garrison de Reuters durante los meses de febrero y mayo.

Un agricultor de nombre Isaak Dyck Thiessen, líder del asentamiento menonita de Chavi que fue entrevistado por Garrison, comentó que a la comunidad le resulta difícil adaptarse: “La gente nada más quiere que nos dejen en paz”, afirmó el campesino, detrás de cuya granja se edifica la selva tropical.

Aunque evitan la electricidad y otras comodidades modernas fuera del trabajo, su agricultura ha evolucionado para incluir excavadoras y motosierras, así como tractores y cosechadoras.

Según Global Forest Watch, en Campeche, lugar al que llegaron los menonitas en la década de los ochentas, en los últimos 20 años se han perdido alrededor de 8 mil kilómetros cuadrados de bosque, es decir, casi una quinta parte de la cubierta arbórea del estado, siendo 2020 el año peor registrado.

Agregando que en junio de 2019 más de mil hectáreas habían sido destruidas a causa de los menonitas, en la comunidad de San Fernando, El Bajío y El Paraíso, municipio de Bacalar, Quintana Roo, por lo cual la comunidad hasta entonces no había recibido sanción económica alguna.

Además, un estudio de 2017, dirigido por la Universidad Veracruzana de México, encontró que las propiedades de los menonitas en Campeche tenían tasas de deforestación cuatro veces más altas que las propiedades de los que no lo eran.

Agenda Verde

Bajo la presión internacional para seguir una agenda más verde, en agosto el Gobierno persuadió a algunos asentamientos menonitas de Campeche para que firmaran un acuerdo para detener la deforestación, no obstante pocas comunidades se apuntaron.

Jacob Harder Jr., maestro de escuela menonita en el pueblo, comentó que el convenio no había tenido un impacto en la forma en que se aborda la agricultura en el lugar: “No cambiamos nada”, admitió. Por su parte, el líder Dyck Thiessen y un abogado que representa a algunas comunidades y agricultores explicaron que los menonitas, que adoptan un enfoque pacifista en los conflictos, se sintieron atacados y chivos expiatorios por los esfuerzos del Gobierno.

José Reyna Tecua, el letrado, denunció que fueron culpados injustamente mientras las autoridades prestan menos atención a otros que deforestan. En una reunión el año pasado, Agustín Ávila, un funcionario de alto rango de la Secretaría de Medio Ambiente federal, advirtió a los aldeanos que se podría llevar militares a la zona para evitar la deforestación si las comunidades no cambiaban sus costumbres, remarcó Reyna Tecua. “Esa fue la amenaza directa”, contó.

En respuesta a una pregunta de Reuters sobre los supuestos comentarios de Ávila, la Secretaría de Medio Ambiente negó cualquier mención al uso del Ejército y dijo que el Gobierno opera sobre la base del diálogo. En esta línea, Carlos Tucuch, jefe de la oficina de Campeche de la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor), declaró que el Gobierno no estaba señalando a los menonitas y que estaba trabajando para abordar otras causas de la deforestación.

Migración

Todavía hablando plautdietsch, una mezcla de bajo alemán, dialectos prusianos y holandés, unos pocos miles se mudaron a Campeche en la década de 1980. Compraron y arrendaron extensiones de selva, algunas a las comunidades indígenas mayas locales. En los últimos años llegaron más, a medida que el cambio climático empeoró la sequía en el norte.

En 1992, la legislación facilitó el desarrollo, alquiler o venta de bosques previamente protegidos, aumentando la deforestación y el número de fincas en el estado. Tan solo los asentamientos a menudo invierten hasta el 90% de las ganancias para comprar terrenos.

Pero, la secretaria de Medio Ambiente de Campeche, Sandra Laffon, señaló que los menonitas del estado no siempre tenían la documentación adecuada para convertir el bosque en tierra de cultivo.

Reyna Tecua reconoció problemas con la compra de terrenos, pues las familias a veces son víctimas de tratos basados en un apretón de manos y una palabra verbal, y los vendedores pueden aprovecharse prometiendo tierras que, en primer lugar, no están a la venta legalmente, lamentó.

El acuerdo firmado el año pasado creó un grupo de trabajo permanente entre el Gobierno y las comunidades menonitas para tratar de resolver los permisos, la propiedad de la tierra y las quejas administrativas y penales en su contra por parte de la población local, incluso por tala ilegal. Laffon afirmó que había señales de que el acuerdo está teniendo un impacto.

Los datos de Global Forest Watch mostraron una baja en la deforestación en Campeche en 2021, pero aclararon que eso podría deberse a la falta de tierra restante adecuada para la agricultura y los programas de incentivos del Gobierno, como un esquema nacional popular entre los agricultores mayas que los recompensa por plantar árboles.

Los líderes menonitas buscan una propuesta gubernamental que no reduzca drásticamente su producción, dijo Reyna Tecua. Un plan de la administración federal para eliminar gradualmente el glifosato para 2024 es la mayor preocupación para muchos, admitió. Sin embargo, una producción más baja puede ser el costo que los agricultores, incluidos los menonitas, tengan que pagar para proteger el medio ambiente, según Laffon.

Con información de Infobae

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