¡Ya Basta!: Nada se ve de una lucha anticorrupción
El proyecto ciudadano se refiere a esta legislación porque en ella se tipifican la corrupción y sus diferentes formas; también se establecen las sanciones que se deben imponer por faltas graves y no graves.
“Todas las instancias relacionadas con el tema de la corrupción dicen que están haciendo algo, pero no se ve lo que hacen ni hay resultados. Y la lista (de esas instancias) es larguísima”, subraya Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta!
El colectivo formula estos conceptos al iniciarse la Semana Anticorrupción —se efectuará de hoy al próximo viernes 10— organizada por el Sistema Estatal Anticorrupción (SEAY) y a unos días de que se celebre —el jueves 9— el Día Internacional contra ese flagelo.
Junto con Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer, también integrantes del equipo promotor de ¡Ya Basta!, la maestra Estrada Mora dice que les causa gran satisfacción que ante recientes señalamientos de ¡Ya Basta!, el Comité de Participación Ciudadana del SEAY confirme que en Yucatán no hay una política anticorrupción, a cuatro años de que se aprobó la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Los entrevistados hacen un repaso de sucesos locales vinculados con la falta de rendición de cuentas. Recuerdan que al principio del gobierno de Mauricio Vila Dosal la Contraloría estatal interpuso ante la Fiscalía más de 30 denuncias por irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción, que implicaban presuntos desvíos de más de 530 millones de pesos.
A continuación preguntan: ¿Alguien sabe qué ha pasado? ¿Se confirmaron los desvíos? ¿Se recuperó algo? ¿Se castigó a alguien? ¿Se denunció penalmente a algún funcionario?
¿Componendas?
Blanca Estrada y Marysol Canto señalan que en el argot popular, más que en el político, se podría presumir que hubo componendas.
“Y decimos presumir por el significado de presunción, no por el de ufanarse”, precisa la profesora Estrada.
Los promotores del colectivo también manifiestan lo siguiente:
—La opacidad está presente en los actos de la administración estatal. Ejemplos hay muchos. Allí está el millonario endeudamiento para seguridad, para cuya contratación se apostó al temor social. No se sabe cómo se ha gastado el dinero y tampoco cómo se ha pagado la deuda.
—Otro ejemplo es el caso del exfiscal Wilberth Cetina Arjona, quien renunció hace más de un año en medio de un escándalo. ¿Qué se está haciendo para investigar las acusaciones en su contra? Nadie nos dice si las desecharon o siguen adelante. En este caso no hay solo opacidad, también secrecía.
—También tenemos el tema de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, que ha sido un pretexto para consolidar la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Al principio se puso en marcha el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los yucatecos, que se formó con varios programas. El de apoyo al empleo generó severos cuestionamientos, que todos conocemos porque entre los beneficiarios aparecieron parientes de funcionarios, dirigentes sindicales y personas que a todas luces no lo necesitaban.
—Los mismos cuestionamientos se hicieron al reparto de despensas. En el Diario Oficial del Estado se publicaron las reglas de operación, que fueron incumplidas. Las despensas se repartieron como si estuvieran dirigidas a una clientela electoral.
—A esos señalamientos se suma la falta de información, la opacidad. No se sabe cómo se reasignó el presupuesto para estos programas ni cuánto se gastó.
—Siempre durante los inicios de la contingencia, el gobierno se quiso adornar con un programa de reactivación dirigido a las empresas afectadas por la pandemia. Fue algo sesgado, porque al descubrirse que entre los beneficiados había empresarios ligados a altos funcionarios de la administración estatal tuvieron que salir a decir que no el gobierno, sino Nacional Financiera (Nafin), daba los apoyos. Resulta que el gobierno era solo mediador. Eso es mentirle a la sociedad.
—La opacidad se extiende a supuestas obras. Tenemos un programa de ciclovías del que nunca se dio a conocer públicamente el proyecto ejecutivo, ni el sustento. Solo supimos que se hizo con dinero federal. De las licitaciones y las adjudicaciones, nada.
—Lo mismo sucede con la remodelación del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. Se invirtió mucho dinero, pero no hubo información a la sociedad.
El quebranto del Isstey
—Otro asunto es el del Isstey (Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán). Sabemos de sus problemas financieros porque es algo que se arrastra desde hace varios años, pero no hay información clara y precisa de lo que se ha hecho y se está haciendo para resolverlos.
—El Isstey fue la caja chica de gobiernos anteriores. En el quinquenio (2007-2012) se le dejaron de entregar $2,500 millones por cuotas y pagos de préstamos de los trabajadores. El gobierno se quedó con el dinero para usar en quién sabe qué, pero ¿qué se ha hecho desde entonces?
—Supimos que en el pasado sexenio se trató de pagar la deuda al instituto con tierras de Ucú y en la presente administración se dice que se atenderá el problema y se harán reformas, pero lo cierto es que no hay información precisa y clara de la situación. Para empezar, el quebranto tiene responsables, pero ¿se ha hecho algo?
—En resumen, a cuatro años de que entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas estamos reprobados en combate a la corrupción. Esa ley define con claridad qué es la corrupción, cuáles son sus formas y cuáles son las sanciones.
—Hay quienes dejan pasar todo, ya sea por temor, por ignorancia, por complicidad o por conveniencia (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA
Legislación Lo que dice
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado fue aprobada hace cuatro años.
Graves y no graves
En esa legislación se definen la corrupción, las formas en que se incurre en ella y las sanciones que se deben imponer en casos considerados graves y no graves.
También particulares
La ley no es únicamente aplicable a servidores públicos. También señala como sujetos de sanción a los particulares vinculados con faltas administrativas.
¿Quiénes la aplican?
También se establece cuáles son las autoridades competentes para la aplicación de la ley. Las primeras de la lista son la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Congreso local, el Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
